Conocer cuál es el tratamiento que tanto el Estado como el Poder Judicial le dan a los niños en situación de vulnerabilidad en la provincia de Corrientes, así cómo planificar políticas públicas tendientes a resguardar el desarrollo de los chicos en contextos familiares, es el objetivo de una investigación que realizan las doctoras Nora Maciel y María Eugenia Sierra de Desimoni.

El estudio no hace más que plasmar el reflejo de una sociedad que necesita cambiar viejas estructuras para garantizar  el bienestar del menor en riesgo. “Niñez vulnerable. Aportes para la formulación de políticas públicas en la provincia de Corrientes” es el título del proyecto que dirige la doctora Alba de Bianchetti y que lo desarrollan las profesionales antes mencionadas. Dos aspectos del trabajo fueron presentados en las Comunicaciones Científicas y Tecnológicas realizadas en la UNNE recientemente: “El Status Jurídico del Niño Institucionalizado. Ausencia de Políticas Alternativas” y “Los niños de familias pobres y el Poder Judicial. El Rol del Estado”.
Las investigadoras resumieron ambos temas en una misma conclusión que tiene que ver con la inmediata necesidad de que el Estado intervenga preventivamente para evitar situaciones de vulnerabilidad en la niñez y que ponga en marcha políticas “profundas y eficientes” tendientes a revertir el trato del menor en situación de riesgo, apuntando a la conservación del núcleo familiar y a la eliminación de las instituciones estatales donde son alojados cuando se los separa de sus padres.
“Nos propusimos investigar cuál es el tratamiento que se le da institucionalmente desde el Poder Judicial y desde el Estado a la niñez en situación de vulnerabilidad. Esto surgió a raíz de las diferentes investigaciones que se hicieron en el país y que dieron cuenta que ni siquiera luego de sancionada la Convención por los Derechos del Niños e incluso incorporada a la Constitución Nacional en 1994, hubieron cambios significativos en cuanto al trato del menor. Seguía rigiendo la vieja Ley de Patronato”, explicó la doctora Nora Maciel quien cursa la Maestría en Familia en la Facultad de Derecho de la UNNE y además, es Defensora Oficial Nº2 del Poder Judicial de la Provincia.
Por su parte, la doctora Sierra de Desimoni, docente de la Facultad de Derecho y Juez de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, dijo que el propósito del estudio además es analizar “cómo evitar que la familia se desmembré, evitando la institucionalización del niño”. Al finalizar la investigación, se presentará una propuesta de políticas públicas a aplicar por el Estado en articulación del Poder Judicial, en el que figurará en primera instancia, la eliminación de los Hogares estatales como lugar de permanencia prolongada para los niños en situación de riesgo.
La investigación dejó entrever la carencia de registros en la provincia respecto a menores institucionalizados así como la escases de alternativas a la institucionalización y de políticas públicas dirigidas a generar cambios profundos, exigidos por legislación nacional.
Nueva Legislación. En 2005 se aprobó en Argentina le Ley 26061 de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescentes. “Esta legislación busca adecuar el sistema normativo argentino a la Convención de los Derechos del Niños con el fin de, por un lado, evitar la intervención en la niñez, sea de tipo estatal y judicial, y, por otro, promover políticas públicas que atiendan preventivamente las situaciones de riesgo social, y no a posteriori, es decir, una que vez que está producida la situación de riesgo y se tenga que separar al niño de su familia para institucionalizarlo”, mencionó la doctora Maciel.
“Vemos que la convención de los Derechos del Niño que estableció etapas de intervención graduadas en la vida de un niño tiene 20 años de existencia, pero en Argentina todo sigue igual. Por otra parte, luego de sanciona la Ley 26.061 advertimos que en el país sólo algunas provincias hicieron un cambio significativo para adecuarse a la nueva normativa, como es el caso de San Luis donde directamente se cerraron todas las instituciones para niños”.
Explicó la investigadora que la situación de la mayoría de las provincias dejó a la luz la necesidad de crear estructuras y políticas de cambio respecto a la forma de intervención. Sobre ello, agregó: “Hay que desterrar todo tipo de intervención en la vida de un niño para cambiar el modelo de patronato que es el que facultaba a proteger aislando de la sociedad a todos los niños que estaban en una situación de riesgo. Tenían esa facultad los jueces. Ahora, el cambio de paradigma que supone la ley de Protección Integral le deja esa responsabilidad al Estado”.
Situación local. Tras las revisiones de casos y el estudio de la realidad, las doctoras señalaron que Corrientes tiene estructuras vigentes de 40 años atrás. Antes de la sanción de la 26061, se abría un expediente en un juzgado de menores y se buscaban alternativas para no institucionalizarlo, como encontrar alguna familia que se haga cargo. “Era una práctica instalada pero débil porque los jueces se veían limitados con un estado que no respondía de manera eficiente para dar asistencia a familias en situación de riesgo y lo único que había era ponerlo a resguardo en alguna institución estatal o religiosa”.
Corrientes tiene la característica de ser una población con un alto índice de pobreza e indigencia lo cual supone un cuadro que no es únicamente  de tipo económico, sino también cultural. “A veces los padres no cumplen con sus roles o obligaciones porque generalmente son ellos los que necesitan algún tipo de asistencia o tratamiento. Ahí es donde falla el Estado que es quien se debe trasladar hasta el lugar de residencia de la familia para brindarle asistencia”.
Niños institucionalizados. Según datos oficiales, en Corrientes actualmente hay 50 niños institucionalizados, correspondientes a casos no penales. Sin embargo, se sabe, son muchos más. “Esta cifra es la que tiene la Dirección de Minoridad y Familia, pero no hay un registro de instituciones que albergan niños porque esta dirección solo tiene registro de los hogares estatales y no de aquellos independientes que reciben subsidio del estado ni de los religiosos. Son muchos más que 50 los chicos institucionalizados”.
Respecto a lo que establece la nueva legislación, “la situación del niño en Corrientes, institucionalizado, al que no se le ha aplicado alguna otra política alternativa para que se desarrolle en un contexto familiar, es una situación inconstitucional”, destacó la doctora Maciel y prosiguió: “Una situación de riesgo supone estar en un hogar una semana, pero el promedio que llevan los niños en la provincia son de un año, dos o más. Por ejemplo, en un hogar de varones de esta ciudad, hay niños que están hace cinco años”.
De esta forma, el niño pasa su vida en un instituto.  De las alternativas, la institucionalización es la más severa y la más dolorosa por las secuelas psíquicas e incluso físicas que puede causar. “Un niño que ingresa a una edad muy baja tiene poco desarrollo intelectual y problemas motrices. En 1945, expertos advirtieron los efectos que produce en el bebe la institucionalización. Primero pierde la expresión del rostro, deja de percibir el estímulo e incluso, puede tener dificultades para moverse, todo como resultado de la falta de afecto de un rostro conocido”.
Además, el instituto implica privación de libertad. Un niño que no vive en instituto recibe un amiguito en su casa o va a la casa de un compañero. Los chicos pierden identidad porque no tienen sus juguetes, su espacio propio, su cama o ropa propia, una mama o un papa a quien responder, no tiene un referente afectivo.
Es por esto, que una parte de la investigación tiene como fin proponer alternativas de cambio para desterrar la institucionalización, tal como lo señala la nueva legislación. “Hay alternativas de otros hogares que reproducen la situación de una casa y que permiten quitar el estigma de estar institucionalizado. Las alternativas deben ser graduales, la última opción es la institucionalización del niño y sólo  por un plazo mínimo”.
En Corrientes existe sólo una ley de adhesión, y en la Cámara de Diputados hay un proyecto para dictar una ley de adecuación de estructuras. Según las investigadoras “se perdió mucho y valioso tiempo trabajando para no modificar nada. Queremos hacer transferencia de conocimientos a personas que tienen en sus manos las herramientas para generar cambios, empezando, en principio, a elaborar un registro, que no hay”.
Intervención preventiva. “Con este trabajo hacemos hincapié en una intervención oportuna, es decir, que el Estado intervenga antes de una situación familiar extrema para que el chico no tenga que ser sacado de su familia sino que se ayude a mantener ese núcleo familiar, con viviendas, trabajo”, mencionó por su parte la doctora María Eugenia.
En ese sentido, reiteró que la intervención no debe ser sólo en el momento de quitar al niño del lado de sus padres  por considerar que éstos no cumplen su rol. “Se les debe brindar lo que se conoce como Derecho Sociales. Es este un sinceramiento que le debe el Estado a la familia porque pregonamos y defendemos en otros aspectos el vínculo biológico. Sin embargo, en estas situaciones no se hace nada para evitar la separación del menor de su núcleo familiar”.
“Las familias deben saber que tienen derechos sociales que pueden reclamarle al estado. Para lograr esto, es necesaria una mayor articulación entre Estado y justicia”.